La Procuraduría encontró de todo. Tiene bajo la lupa más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Gobernación de San Andrés por más de $191.000 millones.
Solo por citar uno, el Ministerio Público encontró que la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina firmó un contrato por 200 millones para la desinfección de vehículos y edificios de la entidad, con posibles sobrecostos.
Por esta razón, el ente de control le abrió investigación al alcalde Jorge Norberto Gary Hooker y a la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Ana Mercedes Newball Taylor.
El procurador Fernando Carrillo reveló que después del paso del huracán Iota, en el archipiélago se han celebrado 318 contratos, por un valor de 7.000 millones de pesos, de los cuales 6, suman $2.315 millones que no corresponden a la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago.
«Más grave que el Iota es la corrupción que carcome a la isla», dijo el procurador.
Sobre el polémico contrato por el alumbrado navideño, la Procuraduría abrió indagación preliminar al gobernador encargado del archipiélago, Alen Jay Stephens, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje de este alumbrado. El contrato tiene un valor de $1.550 millones.
Asimismo, el ente de control continúa con la indagación preliminar contra el gobernador Everth Julio Hawkins, por posibles irregularidades en la ejecución del contrato No. 569 de 2020, suscrito con la Asociación Sweet Food, por valor de 1.800 millones de pesos.
Se suponía que el contrato tenía como objeto el suministro de almuerzos y entrega de paquetes alimentarios y de aseo para 300 adultos mayores, durante la pandemia de COVID-19 en el departamento, pero muchas personas de esta población se han quejado porque no han recibido ninguna ayuda.
Pero el procurador Carrillo siguió destapando la olla con otra presunta actividad irregular sobre presuntos contratos ficticios.
Para el Ministerio Público habría presuntas irregularidades en la contratación del suministro de agua potable en carrotanque, por valor de $450 millones.
La entidad busca establecer si se habría pactado un contrato ficticio con la empresa Aqua SAI LC A.S.A, teniendo en cuenta las denuncias de la comunidad del sector del Cove, quien se queja que no hay agua y no reciben ningún suministro.
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