Ramsés Vargas Lamadrid, el tristemente célebre ex-Rector de la Universidad Autónoma del Caribe, el mismo que bajo su rectoría llevo a la institución a una gravísima situación financiera; el mismo que dejó de pagar los salarios y del que se le acusa de desviar los recursos de la universidad para sus propios intereses, ahora resulta demandando a esa alma mater a través del Proceso Ordinario número 960 del año 2020 con fecha del 17 de julio del presente año, ante el Juzgado 6to Laboral del Circuito de Barranquilla.
exrector de la Universidad Autónoma del Caribe (UAC), Ramsés Jonás Vargas Lamadrid, emprendió un proceso ordinario laboral de primera instancia, reclamando el pago de 7.366 millones 123 mil 44 pesos que, en su concepto, les dejaron de pagar desde el momento en que se produjo su desvinculación.
Vargas Lamadrid se ha mantenido en el ‘ojo del huracán’ por la serie de hechos de corrupción que han sido materia de investigaciones penales.
En su escrito presentado a través de su apoderado judicial, Rafael Rodríguez Mesa, el exrector Vargas Lamadrid pide que la Uniautónoma “sea condenada a reconocer y pagarme cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, indemnización por despido imputable al empleador, salarios insolutos desde el 1 de julio de 2017 a 2 de marzo de 2018, la bonificación por seguridad pactada contractualmente en dólares, insoluta desde agosto de 2017 a febrero de 2018, indexación o corrección monetaria, la liquidación definitiva de mi contrato de trabajo, la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 CST por no haberme pagado la liquidación de mi contrato a su finalización, costas y agencias en derecho y las demás prestaciones laborales y de seguridad social que se establezcan en el proceso.
Finalmente asegura que “la Universidad Autónoma del Caribe adeuda al demandante un total de 103 meses de salarios toda vez que la renuncia imputable al empleador fue aceptada el 3 de marzo de 2018 y el contrato terminaba el 18 de octubre de 2026”.
Vargas Lamadrid salió en libertad por la decisión de el Juez Tercero Penal del Circuito de Barranquilla el pasado 15 de mayo en un fallo de segunda instancia, por considerar que Vargas “nunca se le imputó ni se le acusó de que haya pertenecido a un grupo de violencia organizada”.
Este había sido negado en primera instancia por el juez sexto penal municipal al considerar que al exrector de la Universidad Autónoma del Caribe lo cobijaba la ley 1908, que aplica solo para aquellas personas que pertenecían a grupos organizados.
Expertos en la materia han señalado que, de hecho, el complot criminal que se urdió al interior de la institución con la finalidad de desfacarla, era, en efecto propio de una organización criminal.
Sin embargo, el juez consideró que esa ley de 2018 no era aplicable a Ramsés Vargas porque los hechos fueron antes de ese año, con eso se estaría violando el artículo 29 de la Constitución Política toda vez que establece que las personas deben ser juzgadas con la ley preexistente al acto que se le imputa, señaló el abogado de la defensa.
Ramses Vargas se había dado a la fuga tras conocer la orden de captura que había en su contra por presuntas irregularidades al interior de la universidad y fue capturado por el CTI de la Policía en un hotel de Cartagena el 25 de noviembre de 2018 y después de presentarse en audiencia, un juez le dictaminó prisión domiciliaria desde el pasado mes de junio del 2019.
La demanda de Vargas contra la Universidad que lo acusa de haberla saqueado, es lo más parecido al extraño mundo de Subuso, ese donde los pájaros le disparan a las escopetas.
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