22 de octubre de 2020

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Interpol rechaza orden de detención contra Evo Morales

La Interpol rechazó en las últimas horas una orden de detención expedida contra el expresidente Evo Morales por considerar que los delitos de sedición y terrorismo de que se le estaban acusando tienen connotación política.

Así lo informó este jueves la Fiscalía General del Estado boliviano ente que había pedido a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) un sello rojo, una orden para detener a Morales, quien desde hace algún tiempo está en Argentina.

La Fiscalía, a través del fiscal general, Juan Lanchipa, explicó que la solicitud a Interpol se hizo dentro de las investigaciones de una denuncia por supuestos delitos de sedición y terrorismo contra el exmandatario Morales.

Sin embargo, la respuesta de la Interpol fue que el delito de sedición tendría un componente de orden político, que de acuerdo a su normativa impide cursar esa solicitud, indicó el fiscal general.

La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia en noviembre de 2019, al poco de asumir el poder de forma interina Jeanine Áñez, cuando Evo Morales estaba entonces en México, donde se encontraba antes de partir hacia Argentina.

La acusación se basa en un video en el que se atribuye la voz de Morales para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en Bolivia, que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han considerado una prueba insuficiente para la gravedad de esos delitos.

«Interpol interpreta que este delito es considerado de orden político y en la respuesta nos hacen conocer que ellos no van a poder llevar adelante el cumplimiento, entre tanto no se levante la tipificación» por sedición, comentó Lanchipa.

Esta denuncia es una de las interpuestas por el Ejecutivo transitorio de Áñez contra Morales, que desde diciembre pasado está en Argentina, donde solicitó refugio.

Morales se fue de Bolivia después de anunciar su renuncia a la Presidencia del país el 10 de noviembre denunciando un supuesto golpe de Estado para derrocarlo.

La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión por algunas de estas denuncias, para que el exmandatario comparezca en procesos en su contra en Bolivia, pero sus abogados observan que no existen garantías constitucionales para su retorno e incluso temen por su vida.

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