El Gobierno Nacional expidió este martes la Resolución 1139, mediante la cual se adopta el Protocolo que rige para las manifestaciones o marchas públicas en el territorio colombiano y que incluye a corto plazo las medidas más urgentes que garantizan el derecho de los ciudadanos frente a la protesta social.
Las normas deberán ser «estrenadas» este miércoles 21 de octubre cuando están programadas marchas del magisterio nacional en desarrollo de un paro de 48 horas convocado por la Federación Colombiana de Educadores, Fecode. También se movilizarán integrantes de las centrales obreras.
De acuerdo con la Resolución, solo en casos de presentarse hechos violentos, la Policía Nacional intervendrá «guardando la proporcionalidad del uso de la fuerza y ante la absoluta necesidad por la gravedad de la situación como por la intensidad y peligrosidad de la amenaza».
Igualmente determina que las autoridades deben activar planes de desarme de armas blancas con el ánimo de salvaguardar la vida e integridad de los manifestantes.
Los alcaldes deberán conformar previamente a la manifestación pública un Grupo Élite que se encargue de coordinar con los líderes de los manifestantes el cómo y por dónde se llevara a cabo la misma de tal manera que se tenga claridad que no se pondrá en peligro el derecho a la vida e integridad de los manifestantes y de los demás ciudadanos.
También dispone que los organizadores de la manifestación pública, deberán propender por un desarrollo armónico entre el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes, teniendo como marco general la corresponsabilidad y la solidaridad social.
Además, deberán realizaran pedagogía, acerca de las obligaciones que tienen los manifestantes en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes y tendrán que designar líderes o comisiones que acompañen la manifestación, para propender por una interacción continua y permanente con las autoridades administrativas y de policía, así como el Ministerio Público, para el mejor ejercicio de los derechos y deberes.
Por supuesto, determina que los manifestantes no podrán portar armas contundentes, químicas o incendiarias que puedan afectar su integridad, a los demás manifestantes, las autoridades y personas que no participan en la manifestación. Y evitar el empleo de cualquier mecanismo para dañar, destruir u obstruir los bienes de carácter público y privado, así como la afectación al medio ambiente, en ejercicio de la manifestación pública.
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